martes, 29 de marzo de 2011
EL PERIODISMO NO VISTE DE AMARILLO
RENOVACIÓN ENERGÉTICA
miércoles, 16 de marzo de 2011
El Estatuto Periodístico
Madrid, 15 de Marzo 2011-. Puede que la profesión del periodismo en nuestro país cada vez esté más y más desvalorada por aquellos que juegan a ser periodistas. Puede que el periodismo español, o lo que a veces se llama periodismo, diste mucho de la esencia de esta profesión. Pero le pese a quien le pese y se practique como se practique, el periodismo es indispensable y sumamente importante en una sociedad libre. No es únicamente una profesión, es una labor social, es una responsabilidad para con los ciudadanos de un país que deben saber lo que ocurre en nuestro mundo.
Aún teniendo esto presente en la Sociedad de la Información en la que vivimos, España aún no ha aprobado el Estatuto del Periodista Profesional que nació en el año 2000 como consecuencia de la II Convención de Periodistas celebrada en Valladolid. El por qué, las pegas y las excusas insustanciales que todavía hoy, más de una década después, están pendientes de debate en las Cortes y con las que se choca una y otra vez esta profesión que debería ser regulada, reconocida y protegida de una vez por todas.
La definición del profesional periodístico debe abarcar numerosas funciones, derechos y deberes que todos conocemos bien, aunque solo sea de forma teórica, y que no se encuentran recogidos en ningún lugar. Es inexplicable cómo en una sociedad como la nuestra la profesión del periodista no esté regulada y definida de una forma clara, concisa y legal. El acceso a vistas judiciales, a las fuentes informativas o a los derechos de autor; o el desempeño libre de la profesión periodística son pilares básicos para que el verdadero periodismo triunfe en una sociedad en la que cada vez más personajes se atribuyen este título que tiene una relevante función socio-cultural.
Raquel Gormaz
La curiosidad NO mató al gato
Madrid, 1 Marzo 2011-. En muchas ocasiones escuchamos decir que España siempre va un paso por detrás. En este caso, es la pura verdad. Y si no es así, por qué España se diferencia de sus países vecinos, como Portugal, Italia o Francia, en tener una ley de acceso a la información pública.
Qué hay de malo en que un ciudadano en un país democrático quiera saber cualquier cuestión relacionada con las administraciones públicas, los altos cargos o los poderes gubernamentales que llevan las riendas de su país. Se supone que es algo que afecta a todos y cada uno de los habitantes de España, se supone que no existe ninguna razón de peso por la que cuestiones afines a la información pública sean secreto de sumario.
Nuestra Constitución regula como derecho fundamental el derecho a la información, a la libertad de información y de prensa para que todos los habitantes de nuestro país puedan acceder a todo lo que sucede más allá de sus experiencias directas. Sin embargo, no existe ninguna referencia constitucional que asegure que la información pública tenga que llegar a los ciudadanos españoles. Lo que favorece, sin lugar a dudas, innumerables casos de corrupción política, malversación de fondos u otras muchas que se nos escapan de las manos.
No es curiosidad, ni inmiscuirse en temas que ni nos van ni nos vienen, es hacer patente la aprobación del “Convenio sobre Acceso a Documentos Públicos” de España. Es pedirle al Gobierno, sin más demora, que todos los asuntos públicos sean como bien dice su nombre públicos y que cualquiera pueda acceder a esas informaciones. La cuestión real es exigirle a nuestro Gobierno que regule y aplique una ley de información pública que nos permita vivir en una democracia totalmente real.
Raquel Gormaz