Madrid, 1 Marzo 2011-. En muchas ocasiones escuchamos decir que España siempre va un paso por detrás. En este caso, es la pura verdad. Y si no es así, por qué España se diferencia de sus países vecinos, como Portugal, Italia o Francia, en tener una ley de acceso a la información pública.
Qué hay de malo en que un ciudadano en un país democrático quiera saber cualquier cuestión relacionada con las administraciones públicas, los altos cargos o los poderes gubernamentales que llevan las riendas de su país. Se supone que es algo que afecta a todos y cada uno de los habitantes de España, se supone que no existe ninguna razón de peso por la que cuestiones afines a la información pública sean secreto de sumario.
Nuestra Constitución regula como derecho fundamental el derecho a la información, a la libertad de información y de prensa para que todos los habitantes de nuestro país puedan acceder a todo lo que sucede más allá de sus experiencias directas. Sin embargo, no existe ninguna referencia constitucional que asegure que la información pública tenga que llegar a los ciudadanos españoles. Lo que favorece, sin lugar a dudas, innumerables casos de corrupción política, malversación de fondos u otras muchas que se nos escapan de las manos.
No es curiosidad, ni inmiscuirse en temas que ni nos van ni nos vienen, es hacer patente la aprobación del “Convenio sobre Acceso a Documentos Públicos” de España. Es pedirle al Gobierno, sin más demora, que todos los asuntos públicos sean como bien dice su nombre públicos y que cualquiera pueda acceder a esas informaciones. La cuestión real es exigirle a nuestro Gobierno que regule y aplique una ley de información pública que nos permita vivir en una democracia totalmente real.
Raquel Gormaz
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